Mossos con discapacidad denuncian que les restan la pensión de su sueldo


La Asociación para la Integración Laboral de los Mossos d’Esquadra con discapacidad ha denunciado hoy que Interior ha recurrido a un decreto de la época de Joan Saura para que a catorce agentes con incapacidad total que han pedido reincorporarse se les retire del sueldo lo que cobran de pensión.

En declaraciones a Efe, el presidente de esta asociación, Ángel Gómez-Quintero, ha denunciado que la consellería de Interior ha aplicado, por primera vez, un artículo de un decreto de 2008, aprobado en el mandato de Joan Saura (ICV), que establece que un agente con incapacidad total se pueda reincorporar en segunda actividad pero restándole del sueldo y de la jornada laboral lo equivalente a su pensión de invalidez.En todos estos catorce casos, los afectados -que al sufrir una discapacidad total pierden la condición de policías y se les retira el arma y la placa-, pasan a desarrollar labores administrativas y trabajan una jornada reducida, en función del porcentaje de sueldo que les queda, sin contar con la pensión.
De esta manera, si por ejemplo un afectado cobra 1.200 euros de pensión por invalidez total y su anterior sueldo como mosso era de 2.000 euros, su retribución se mantiene ahora en esta cifra, aunque sólo 800 euros corresponden a su trabajo (los demás son la pensión) y su jornada se reduce en consonancia.
Gómez-Quintero ha lamentado que esta es la primera ocasión en la que se aplica el artículo 24 del decreto aprobado por Joan Saura, contra el que ya expresaron sus reparos cuando fue impulsado durante el tripartito, al considerar que marginaba al colectivo de personas que sufrían una discapacidad total.
De hecho, en el cuerpo de los Mossos d’Esquadra hay actualmente -sin contar con estos 14 casos-, un total de 38 personas que tienen reconocida una incapacidad total y que ejercen una segunda actividad -en labores administrativas-, tras haber perdido su condición de policías.
En estos 38 casos, según Gómpez-Quintero, los afectados cobran el sueldo íntegro que percibían antes de sufrir la invalidez, así como la totalidad de la pensión por invalidez, por lo que siguen trabajando a jornada completa 37 horas y media a la semana.
Gómez-Quintero ha señalado que el hecho de cobrar tanto el suelo íntegro como la pensión de invalidez está justificado ya que, debido a su situación, originada en muchas ocasiones por un accidente laboral, han visto truncada su carrera profesional y no pueden ascender.
Además, ha lamentado que la Generalitat descuente la pensión -que les concede el Instituto Nacional de la Seguridad Social-, del sueldo que corresponde a los afectados, teniendo en cuenta además que su retribución profesional en los Mossos d’Esquadra la aporta el Estado en alrededor de un 70 % del importe total.
El presidente de la Asociación para la Integración Laboral de los Mossos con discapacidad ha advertido que ahora temen que Interior pretenda aplicar de forma retroactiva este decreto a los otros 38 agentes que cobran el sueldo y la pensión de invalidez íntegras.
Además, ha señalado que los 14 afectados han firmado su reingreso en estas condiciones para poder mantener su plaza, si bien ha anunciado que recurrirán contra esta decisión por la vía civil y que no descartan acudir a la vía penal por un delito contra los trabajadores.
Por su parte, fuentes de la consellería de Interior consultadas por Efe han señalado que esta medida está prevista en la regulación de la Función Pública y han destacado que los afectados por una incapacidad total siguen cobrando el 100 % de su retribución, combinando el suelo con la pensión.
Además, han señalado que con esta medida se pretenden evitar situaciones que se podrían entender como un agravio, ya que se podría dar el caso de que dos personas hicieran la misma labor administrativa y una cobrara mucho más al sumar el sueldo y la pensión de forma íntegra.

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L’Ajuntament de Barcelona acomiada a la Guàrdia Urbana per “discapacitats”

El Ayuntamiento de Barcelona “despide”  a los Guardia Urbanos por “discapacitados”.

Realizar y superar unas oposicones en la Administración no es garantía de tener trabajo. O al menos eso es lo que se desprende al ver como la propia Administración Pública que debe cumplir con la legislación vigente hace con su propio personal cuando a estos se les reconoce alguna de las modalidades de minusvalía.

El ayuntamiento y su actual alcalde Xavier Trias i Vidal de Llobatera deben “desconocer” la abundante normativa en la que podríamos encontrar.

La Ley 27/2011, de 01 de agosto de actualizacion, adecuación y modernización, del sistema de Seguridad Social, ya establece en el preámbulo y en su art. 141, la finalidad de “protejer el mantenimiento del empleo como discapacitado en la misma empresa, y en especial en el caso de los colectivos que tienen regulada la segunda actividad”.

O más aún con la aprovación reciente del Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, que establece en su Preámbulo que esta norma se dicta para la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.

Pues bien, en la actualidad, todos sus agentes son “despedidos” por discapacitados,negándoles su derecho a incorporarse nuevamente.

Esperemos que los tribunales de una vez por todas solucionen este disparate  y condenen a aquellas personas que manifiestamente incumplen a aquello a lo que habían jurado fidelidad al tomar posesión del cargo.

 

 

 

 

Un policia local discapacitat recorre al TSJC la negativa a una segona feina a Figueres

Imatge

Un agent de la Guàrdia Urbana de Figueres amb una incapacitat total està pendent que la Sala Contenciosa Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) resolgui el recurs d’apel·lació que va presentar fa un any per aconseguir que l’Ajuntament li doni una «segona activitat» al cos. El consistori li ho va denegar l’any 2009 i manté la seva decisió pendent de la decisió final del tribunal. El Síndic de Greuges ja va alertar al consistori, tal i com va publicar aquest diari fa un any, que considera que la denegació era nul·la perquè no es va sol·licitar cap tribunal mèdic, com estableix la llei, abans de decidir.

L’agent va patir un accident de trànsit l’any 2008 i el juliol del 2009 li van reconèixer una incapacitat permanent. Aleshores, va presentar múltiples instàncies fins a esgotar la via administrativa demanant una feina adaptada a les seves actuals circumstàncies. El que es coneix com a «segona activitat». «A proposta del secretari se’l va cessar d’agent i es va concloure que no li correspon una segona activitat», explica la tinent d’alcalde, Marta Felip, que es va reunir amb l’afectat fa dues setmanes. «Li vam dir que, de moment, la sentència del contenciós no li dóna la raó i que, a més, ara hi ha l’Estat que impedeixen noves contractacions i fa incompatible cobrar una pensió i un sou públic», diu. «Ara esperem la resolució del jutge» afegeix.

Al recurs, però, l’agent refusa la sentència, entre altres coses, perquè aquesta «em considera del “règim de classe passiva, és a dir, funcionari de l’Estat quan estic al règim general de la Seguretat Social i utilitza articles que estan derogats». A més, insisteix que diverses lleis li donen la raó i que «no es tractaria d’una nova plaça sinó de la que ja tenia perquè fins que no hi hagi sentència ferma ho segueix essent». «Com em poden dir que no hi ha diners quan es gasten més de 500.000 euros anuals en càrrecs de confiança?», critica el policia. També el síndic li va donar la raó però, segons diu, l’Ajuntament no ho va atendre i associacions de suport a afectats per accidents van demanar al consistori que ho reconsiderés.

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